Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
Alianza por un mundo responsable, plural y solidario 
Polo de Socio-Economía Solidaria

Cuaderno de propuestas 
Para el siglo XXI

POLÍTICA FISCAL: IMPUESTO, REPARTO DE LA RENTA NACIONAL  Y SEGURIDAD SOCIAL

Noviembre 2001

Coordinado por Ceci  Vieira Juruá
Site: http://fiscal.socioeco.org/

Este documento ha sido apoyado con observaciones y sugerencias de la revisión elaborada por Marcos Arruda, coordinador del Polo de Socioeconomía Solidaria.

SUMARIO

1. Constataciones y diagnóstico
2- Puntos de vista y nuevos paradigmas
3- Iniciativas e innovaciones
4- Propuestas
5- Estrategias y actores

1 – Constataciones y  diagnóstico

El marco institucional general

Se observa unánimemente que los Estados nacionales se debilitan, ante la expansión de las empresas transnacionales y las irregularidades financieras. Nos adherimos a esta observación con la condición de que se definan las diferencias entre lo que pasa en los países del Norte, los países centrales, ricos y poderosos, y los países del Sur, periféricos, pobres y/o emergentes. Las empresas más grandes y los conglomerados de empresas, así como los poseedores de los títulos financieros se sitúan en los Estados del Norte; y es precisamente en el Norte donde actúan las transnacionales y el gran capital desregulado, en calidad de agentes “extraordinarios” de refuerzo de sus Estados nacionales y sus gobiernos, con los que comparten la gloria, el poder y el dinero.

En las economías pobres o emergentes, existe un movimiento contrario: de desindustrialización, de incapacidad de gestión tecnológica propia, de pérdida de mercados, de falta de recursos financieros y de endeudamiento creciente. Este empobrecimiento, visible en el sur del Ecuador, ha llevado a muchos sociólogos a pensar que el mayor conflicto de todos los tiempos proviene de la polarización Norte / Sur. En estas economías perdedoras, el Estado pasa por un proceso agudo de debilitación financiera, de deslegitimación creciente e incluso de soberanía decadente ante los acreedores internacionales. Los programas de reajuste fiscal (o estructural) y su versión actual –el déficit cero–, elaborados y controlados por agencias internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), contribuyen a la debilitación de los gobiernos, y a limitar el crecimiento y el desarrollo económico, promoviendo modelos de apertura comercial y financiera cuyos resultados más visibles son la pérdida de autonomía monetaria y las deudas exteriores crecientes e impagables. En Latinoamérica, concretamente, existe aún un proceso de ocupación militar de los territorios nacionales, con la expansión de las bases norteamericanas y los acuerdos desfavorables a los países de esta región del planeta.

Tanto en el Norte como en el Sur, le despolitización y la pérdida de confianza en mecanismos tradicionales de democracia liberal se producen a un ritmo acelerado: el voto y la representatividad de los elegidos. En los lugares donde el voto es facultativo, se constata el bajo número de electores que comparecen ante las urnas (igual o inferior al 30% del electorado). En los regímenes políticos donde el voto es obligatorio, el poder de los medios de comunicación y del gran capital ejerce una influencia enorme sobre la opinión pública. Tanto en unos como en otros, la representación social en el interior de los partidos políticos está dominada mayoritariamente por los representantes de sectores de empresas y elites financieras locales e internacionales.

Desde el punto de vista del orden internacional, este período corresponde a la consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial hegemónica, a la internacionalización de los carteles y los oligopolios formados originariamente en los países de la tríada (Norteamérica, Japón y la Unión Europea), al desmantelamiento de la Unión Soviética y al despegue económico y político de China.

Tendencias observadas de Política Fiscal 

Durante las dos últimas décadas, ha tenido lugar una adhesión creciente de las autoridades gubernamentales al Pensamiento Único, así como a los postulados que se le atribuyen en materia de política fiscal. 

En el ámbito de los impuestos, se observa: a) una reducción de la progresividad de los impuestos directos; b) una reorientación de los subsidios y de los privilegios fiscales, del trabajo al capital, del consumidor a las empresas, de la demanda a la oferta; c) aumento de la base de incidencia y de las partes alícuotas de los impuestos directos considerados más justos y voluntarios; d) eliminación parcial de los impuestos que inciden en el comercio exterior. 

En el ámbito del gasto público, en los países del Norte, el discurso predominante es un discurso de condena de las actividades de empresas estatales, y su privatización progresiva. En el Sur, se trata más bien de desnacionalización que de privatización, teniendo en cuenta el hecho de que el control de las acciones de las empresas del Estado está siendo transferido mayoritariamente hacia el gran capital internacional. A la vez, asistimos a la desarticulación de las instituciones responsables del Estado del bienestar (o Estado del Bienestar Social).

Las asimetrías de poder y de capacidad tecnológica y financiera entre países centrales y periféricos, o entre países ricos y pobres, han tenido consecuencias muy dispares en el Norte y en el Sur, unas consecuencias con una complejidad que no puede ser analizada en el marco restringido del presente informe. De todas formas, vale la pena poner de manifiesto algunas de sus características importantes. 

En primer lugar, contrariamente a la retórica oficial y a lo que se observa en la rica Norteamérica y en la Unión Europea, en los países periféricos se ha producido un aumento considerable de la carga tributaria, del todo alejado de los intereses sociales y colectivos: se aumenta progresivamente la carga tributaria para cubrir los intereses excesivos de la deuda exterior y de la deuda pública interna. El endeudamiento creciente sirve para justificar la adopción de índices de intereses expoliadores y vampíricos,  más de cinco o diez veces superiores al crecimiento del Producto Nacional, lo que lleva a un endeudamiento crónico y explosivo y al deterioro de la soberanía monetaria. 

La supresión de inversiones públicas estratégicas (infraestructura física), la reducción del gasto social y el desmantelamiento de los sistemas estatales de Seguridad Social, funcionan como elementos de descomposición de la sociedad, de fomento del aumento de la violencia y de reconcentración de la renta. 

La política fiscal en vigor refleja también una tendencia a la pérdida de los derechos sociales, no sólo en el ámbito de los derechos de ciudadanía establecidos en las Constituciones, sino sobre todo en las relaciones capital-trabajo, donde nos esforzamos en imponer reglas de flexibilización del mercado de trabajo, lo que significa: reducciones de salario y deterioro de las condiciones materiales necesarias para la reproducción de los trabajadores. La libertad otorgada a las empresas en materia de flexibilización del trabajo significa que se delegan al trabajador los gastos que tendrían que formar parte del pliego de condiciones de las empresas, así como los riesgos provocados por las oscilaciones de la demanda.

Además de las intervenciones erróneas debidas al FMI y al Banco Mundial, los países periféricos y sus Gobiernos hacen frente a amenazas concretas de la OMC, que intenta aplicar cláusulas restrictivas a la política fiscal en los acuerdos comerciales y las inversiones internacionales. Si bien es cierto que se han paralizado las negociaciones que tienen relación con el AMI –Acuerdo Multilateral sobre Inversiones–, sus clones aún están presentes en las imposiciones de las agencias reguladoras y/o de financiación internacionales.

Tendencias compensatorias

La emergencia de los Estados Unidos como superpotencia, o como un verdadero Imperio casi planetario, la debilitación de los Estados nacionales y de sus instrumentos de política macroeconómica (moneda y presupuesto público), la inseguridad que reina en referencia a las condiciones materiales de vida de la mayoría de las poblaciones, el poder desmesurado y dictatorial del gran capital financiero internacional y, para acabar, el conjunto de rasgos representativos de la posmodernidad han provocado reacciones y movimientos de defensa por parte de algunos agentes colectivos. Basta con mencionar algunos de ellos: en particular los bloques regionales de la Unión Europea, en los cuales se habla más de soberanía compartida que de pérdida de soberanía; una cantidad inmensa y creciente de asociaciones de todo tipo (de consumidores, de productores, de usuarios, de ciudadanos, de marginados, de discriminados, etc.); entidades con proyección internacional y que actúan a escala multinacional, las cuales condenan el modelo hegemónico de organización social y que luchan por la construcción de una nueva utopía, como el claro caso de Attac/Asociación por una Tasa sobre las Transacciones financieras en Apoyo a los Ciudadanos, de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario, del PSES-Polo de Socioeconomía Solidaria de esta Alianza, entre otras. 

Asimismo, en Brasil y en otros muchos países, existen redes amplificadas y diversificadas de socioeconomía solidaria. Los gritos y las manifestaciones de protesta global en contra de las instituciones representativas del neoliberalismo y de su política, se multiplican: Seattle, Washington, Praga, Niza, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Génova, etc.

También podríamos mencionar reacciones individuales a esta globalización perversa: la religiosidad creciente, la criminalidad y la violencia urbanas, por ejemplo.

Pese a todo, es en el ámbito de la socioeconomía donde entrevemos la semilla de una utopía realista capaz de ofrecer alternativas no sólo provisionales, sino también sólidas y duraderas, compatibles con una necesidad espiritual básica de los hombres y las mujeres: el humanismo solidario. Este tema será desarrollado en los capítulos siguientes.

2 – Puntos de vista y paradigmas nuevos

Para muchos de los más importantes autores de las Ciencias Sociales, el momento presente es un momento de transición paradigmática [B. Santos: p. 15 y siguientes]. Es decir, que estaríamos siendo testigos del fin de lo que se ha llamado convencionalmente la “modernidad occidental”, periodo que ha convergido hacia el capitalismo, regulado o no, y hacia su opuesto, el socialismo de Estado. En Occidente, la modernidad se ha caracterizado significativamente por el debate entre la libertad y la igualdad, teniendo en cuenta que el espacio económico de la sociedad se ha orientado hacia la producción de valores de intercambio y hacia la acumulación capitalista de riquezas, y el espacio político, a través de elecciones, para la democracia formal, presidencial o parlamentaria, republicana o monárquico constitucional.

Después de varios siglos de expansión capitalista y de experiencias liberal democráticas, las promesas de libertad (para todos), de igualdad mínima (de posesión de bienes materiales), de prosperidad general y de ciudadanía generalizada y universal no han sido cumplidas . Las constataciones descritas de desigualdad creciente, de generalización de la pobreza y de precariedades materiales, así como las amenazas de desequilibrio ecológico, designarían el fin, necesario, de esta etapa de civilización que conocemos como modernidad occidental, el fin de la época “del orden y del progreso”, durante los que la sociedad civil –espacio de las personas y de reproducción de la vida humana y cultural– ha estado constantemente bajo el yugo del Capital –organizador de la producción material– y del Estado –agente de actualización del poder político.

Este nuevo momento y el nuevo paradigma están aún en fase de construcción y tendrán que surgir del juego de tensiones entre lo viejo y lo nuevo en el marco de cada espacio social, llevando a un nuevo formateado de regímenes y regularidades en el interior de dichos espacios y, asimismo, de las instituciones de la sociedad responsables de la articulación de las macroestructuras. Por ejemplo, en el sector económico, se discute el mercado capitalista, coordinador de la producción de valores de intercambio, y los diferentes sistemas de intercambios no comerciales, a través de los que intentamos minimizar el nombre de excluidos y garantizar la continuidad de la producción de valores de uso necesarios para la supervivencia. En el espacio Político, el conflicto se sitúa entre el formalismo de la representatividad electoral y la falta de autoridad y de legitimidad de los poderes establecidos, abriendo un espacio para otras formas de poder, no siempre legales (la mafia, el dinero, el crimen). En el espacio Doméstico, se desarticula la familia patrimonialista y patriarcal tradicional y se adoptan constantemente nuevos criterios para fundar nuevas familias que incluso pueden estar formadas por personas del mismo sexo.

Pese a esa gran incertidumbre, una gran diversidad de opiniones, una enorme multiplicidad de acciones divergentes y convergentes, referentes a la trayectoria de la transición paradigmática, es posible entrever ya las ideas-fuerzas, los valores y el eje moral y ético que tendrán que prevalecer en caso de que estemos efectivamente en el umbral de una nueva época civilizatoria. Estas ideas y estos valores son los que permiten prever la dirección y los horizontes de nuevas configuraciones sociales.

En primer lugar, aparece el deseo de emancipación de la sociedad civil, la voluntad de romper el yugo proveniente de los dos polos de poder que caracterizan la modernidad: el Capital y el Estado. Esta idea de emancipación tendrá que romper la famosa Ley de Bronce, percibida por David Ricardo, y después actualizada por el neoliberalismo bajo la denominación de flexibilización de las condiciones de trabajo y de desarticulación del Estado del bienestar. Se dejan oír dos reivindicaciones: la del Pleno Empleo y la de la Renta Mínima. La primera se encuentra claramente en el campo conservador, luchando para el restablecimiento de los valores de la modernidad occidental sometidos, ciertamente, a la necesidad de evitar el caos social y de preservar el orden tradicional. La reivindicación de una renta mínima es revolucionaria, ya que permite distinguir el trabajo del empleo, el empleo de la supervivencia, el rendimiento del mercado; rompe con la comercialización necesaria de la fuerza de trabajo y con el mito según el cual es posible vender la capacidad productiva individual sin venderse a uno mismo.

En el ámbito del poder estatal, las desconfianzas referentes a la naturaleza democrática de los gobiernos occidentales aumentan. En la nación más rica del mundo, que pretende ser portavoz de los ideales democráticos de la modernidad, el desinterés creciente de la política y la práctica institucional del voto facultativo conducen al poder ejecutivo a personas cuya aceptación electoral puede no alcanzar el 20% de la población con capacidad legal para votar, lo que contribuye a deslegitimar a los cargos electos desde el punto de vista de su representatividad. Se observa la amplificación de la percepción según la que los electos por votación, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, buscan orientar sus decisiones para establecer compromisos no explicitados públicamente, en general realizados a puerta cerrada, con los poseedores del poder económico nacional e internacional. El resultado de esto y de muchos otros acontecimientos y constataciones que figuran cada día en la prensa, es la pérdida de legitimidad de las autoridades públicas y su incapacidad de trazar políticas públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de la población.

El carácter social de la acción estatal, marca efectiva de los “treinta años gloriosos”, es confrontado por un lado por “acciones sociales” de la empresa privada, sobre todo en los sectores de la educación, la salud, la asistencia social y la cultura. En general, se trata más de una disputa por el control y la manipulación de aparatos ideológicos dirigidos a homogeneizar principios éticos y morales, que de una preocupación real para mejorar el bienestar social con empresas privadas cuyo objetivo es el beneficio máximo, incluso pagando el precio de un paro inmenso y de la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.

Por el otro lado, el Gobierno hace frente al desafío del “tercer sector”, denominación bastante amplia para incluir ONGs, cooperativas y asociaciones de naturaleza bastante distinta, con prácticas bastante variadas, actuando de forma que este tercer sector represente un campo donde efectivamente existe una pluralidad cultural rica y prometedora. Aquí es difícil de explicar la importancia histórica de este tercer sector, en la medida en que su trayectoria de expansión no es lineal ni previsible; a pesar de todo, esperamos que se realice según las características estructurales de las sociedades en las que éste actúa.

Las entidades públicas no estatales que componen el tercer sector pueden actuar tanto con las autoridades gubernamentales como con las empresas. Pueden autofinanciarse o depender de contribuciones de otras entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Pueden, o no, apuntar a índices modestos de beneficio. Pueden utilizar mano de obra asalariada o voluntaria. Pueden integrarse en una cadena productiva o actuar de forma autónoma. Estas alternativas, junto con muchas más, tendrán que determinar el papel social que el tercer sector jugará efectivamente en la definición de un mundo nuevo, de una nueva sociedad. Pero lo que esperamos de ellas es que actúen en el sentido de restablecer un mínimo de equilibrio entre la producción material y las necesidades sociales y entre el árbitro de gobiernos elitistas y las aspiraciones popular o de democracia ampliada.

3 – Iniciativas e innovaciones

Existe una amplia gama de iniciativas que intentan minimizar los efectos perversos de la globalización neoliberal. Sólo seleccionamos aquellas que se producen en los ámbitos de las políticas macroeconómicas –monetaria y fiscal–, interfiriendo en los regímenes tributario-financieros del Orden Político [B. Thérret, 1992]; damos la prioridad a las iniciativas que denotan rebelión, resistencia, a las líneas directrices del neoliberalismo y del pensamiento único (excepto, pues, las iniciativas tomadas por el gran capital como los Fondos de Pensión, el sistema colonial de currency board  implantado en Argentina, y la tentativa del FMI de privatizar la recaudación de impuestos en Argentina).

-  La moneda social 

Contrariamente a las previsiones de corrientes de pensamiento social desarrolladas en  Estados Unidos (como los textos de Garry Becker, que poseen innumerables adeptos en este país y otros) que predican la monetización generalizada de todas las relaciones sociales (inclusive el afecto), las monedas sociales son una antimoneda desde el punto de vista institucional dominante (una de las principales exigencias de la visión dominante es que la moneda en circulación bajo la forma de papel-moneda o de moneda escrita, tenga un valor sólido, unas reglas definidas e instituciones responsables, y que se enmarquen en sistemas y/o regímenes monetarios).

La moneda sin valor, la(s) moneda(s) social(es), está limitada a lugares donde está aceptada voluntariamente por la comunidad, y también está llamada a desempeñar un papel de “cohesión comunitaria”. La razón del intercambio que se expresa en una moneda social viene determinada por la negociación en el marco de la comunidad a la que está destinada; puede basarse en un “mercado ficticio” o simplemente simbolizar tiempos de trabajo con o sin diferenciación del grado de cualificación del que lo ejerce.

Existen innumerables interpretaciones del significado presente y futuro de las monedas sociales. Un ejemplo reciente de gran dimensión política viene de la Argentina. Hace algunos meses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió una nueva moneda sin valor, los patacones, destinados al pago de los funcionarios y de los proveedores del gobierno. Después del rechazo inicial, comprensible, la Asociación de los Bancos de Argentina anunció que sus asociados “estaban dispuestos a aceptar los patacones para el pago parcial de préstamos personales, hipotecas y sueldos”. (Gazeta Mercantil del 24/26 de agosto de 2001). Se trata de una situación extrema que tiene lugar en un país estrangulado desde el punto de vista monetario por el sistema de “currency board”. En Argentina, este régimen de currency board reconstituyó una situación de extrema vulnerabilidad exterior con un endeudamiento interior y exterior muy alto –en dólares–, y una insuficiente base monetaria interna ante las necesidades de los mercados nacionales. Con la circulación efectiva de los patacones, Argentina está a punto de entrar oficialmente en el régimen trimetálico (dólar, peso y patacones).

En referencia al sentido del presente trabajo, es importante resaltar que las monedas sociales se presentan como una reacción de la sociedad a la dictadura del capital financiero, ejercida por los grandes bancos y por el capital financiero internacional, cuya presencia es trágica en los países periféricos, que deben hacer frente tanto a la escasez de dinero como a los tipos de interés, que superan de mucho la usura condenada por la Iglesia Católica en el pasado. Las distintas formas de moneda social utilizadas en Canadá, Japón, Brasil y/o Argentina aún son una forma objetiva y explícita de negación del monopolio constitucional de la emisión de papel moneda (por los gobiernos y los bancos centrales) y de la emisión de moneda bancaria por parte de los bancos comerciales.

Se pueden efectuar algunas investigaciones referentes a la expansión de las monedas o de los créditos sociales. Según los regulacionistas franceses, por ejemplo, la moneda indica la existencia de un colectivo aparte de los agentes económicos, un conjunto de creencias colectivas (confianza, reputación, legitimidad), que representan una verdadera institución de mediación social (medio de pago) dotada de un poder simbólico (la creación social de riqueza). También es “un bien común de la sociedad, como el lenguaje (...) Se trata de un bien común por excelencia” [M. Aglietta: 437]. A partir de esta visión regulacionista, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Los patacones pueden representar aún un elemento de fragmentación de la nación argentina?

En segundo lugar, podemos observar el significado financiero de esta moneda social en el marco de las finanzas públicas. Es evidente que no sólo se efectúan con patacones los pagos del gobierno, sino también la recaudación de impuestos; por lo tanto, de ello podemos deducir que la economía pública provincial de Buenos Aires podría desarticularse progresivamente del sistema económico nacional (que funciona en dólares o en pesos), dirigiéndose hacia una situación de “todo o nada”: autonomía total/autarquía absoluta o aniquilación completa; sería suficiente una declaración del FMI a través del gobierno central argentino para que todos los organismos provinciales fueran eliminados, con lo cual pasaría al Banco Mundial la responsabilidad de condonar las deudas contraídas ante el sector privado ¡vía crédito externo! Opinamos que este escenario futuro no puede ser descartado.

En último lugar, en un escenario positivo de amplificación de las monedas sociales, podemos preguntarnos ¿cómo es posible pagar la deuda externa con monedas no convertibles en dólares? Esto nos permitiría vincular el futuro de las monedas sociales a la exportación de bienes y de servicios facilitados por éstas. En el marco actual de recesión mundial, esta alternativa parece poco probable.

De hecho, para poder evaluar el significado histórico de los créditos sociales, de las monedas distintas a los esquemas monetarios oficiales, es necesario “pensar más allá del sistema de economía de mercado, productor de mercancías y de su maquinaria de utilización económica abstracta (con las correspondientes formas políticas). (...) es necesario hacer algo distinto, nuevo, algo que no haya existido hasta ahora.” [R. Kurz: 192 y 195]. En la perspectiva más alentadora, las monedas sociales forman intrínsecamente embriones de una nueva sociedad no mercantil, no capitalista.

- El presupuesto participativo

Se trata de un instrumento para compartir la autoridad en materia de asignación de los fondos públicos. Tradicionalmente, en los países occidentales, el gasto público es establecido por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. El deterioro de las condiciones éticas de ejercicio del poder político –dentro del cual se inscribe la competencia para promulgar la ley presupuestaria– y las constantes denuncias de corrupción en la manipulación de los recursos financieros del Estado, con la oligarquización del gobierno, son elementos que favorecen el aumento de la desconfianza en lo referente a la capacidad del gobierno de ejercer las funciones de asignación de los fondos para el bienestar colectivo.

Recientemente, las divergencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia de gasto público han aumentado. Los diputados se esfuerzan para satisfacer nuestros intereses personales (individuales o colectivos) en la votación del presupuesto, mientras que la burocracia ministerial asume una actitud tecnócrata que intenta aplicar, sin mucha profundidad, criterios empresariales a decisiones que son, o deberían ser, eminentemente sociales.

El presupuesto participativo, cuya materialización histórica es el partido de los Trabajadores de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Ipatinga (Minas Gerais) y en otros municipios de Brasil, es un modo de socializar la decisión en materia presupuestaria, de amplificar la transparencia de la acción gubernamental, y de desplazar el sitio donde se resuelven los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el fin de asignar el presupuesto. Sobre todo en lo referente a las inversiones sociales (educación y sanidad, así como urbanismo, seguridad pública, iluminación, etc.), la participación de la comunidad en la selección de los proyectos financiados por fondos públicos es considerada como un elemento que favorece y amplía la elevación de los niveles de eficacia y de productividad del gasto público.

Ésta es la innovación mejor conseguida de los últimos veinte años en materia de política fiscal. Por ello, esperamos que esta práctica se extienda a otros estados de Brasil y a otros países. También es deseable que el debate comunitario se extienda al sistema tributario, favoreciendo una transparencia en lo referente a la incidencia de la carga tributaria (¿Quién paga los impuestos? ¿El capital, el trabajo, las empresas o los consumidores?)

Los organismos oficiales también han comprendido el envite político del presupuesto participativo y ya quieren integrarlo en sus actividades. Es probable que el Banco Mundial ofrezca fondos para diseminar las prácticas del presupuesto participativo tanto en Latinoamérica como África. En Brasil, el gobierno acaba de lanzar una campaña de “alfabetización tributaria”, utilizando a los inspectores de los Ingresos Federales y regionales para un programa de educación tributaria en las escuelas y en asociación con la sociedad civil, con la finalidad de enfatizar la naturaleza social del impuesto, es decir su capacidad de crear servicios sociales para los más pobres. Es difícil prever cuál será el desenlace probable de esta campaña, porque aún no se ha iniciado, sólo ha sido anunciada por la televisión.

- La Economía Solidaria

Contiene el conjunto de actividades organizadas según criterios y reglas fundamentalmente distintas de la empresa capitalista típica: propiedad privada del capital, búsqueda del máximo beneficio, acumulación individual de la riqueza obtenida y de la plusvalía, producción de valores de intercambio alejados de las necesidades sociales y colectivas. También son totalmente distintas de las empresas estatales en lo relativo al origen de los fondos y a las reglas de operación y de decisión.

Unos artículos de Alain Lipietz y de Edith Arxhambault, publicados en Problemas Económicos N. 2712, bajo los títulos “Association et Lucrativité” (Asociación y Lucratividad) y “L’originalité du modèle français” (La originalidad del modelo francés), explican que las unidades que integran la Economía Social en Francia poseen una característica común, la no-lucratividad, impuesta y aceptada históricamente a razón de la desconfianza respecto al fisco y al sector privado: en efecto, en este país, las asociaciones nacen a partir de un proceso de auto-afirmación popular, en combate permanente contra el Estado y contra la Empresa.

Las unidades que integran la economía social se clasifican en tres grupos: las cooperativas, las asociaciones y los organismos de asistencia recíprocos (las mutuas), estimulados por una Ley Centenaria de 1901, que permitió la auto-organización de la sociedad civil, sin consentimiento previo del Gobierno. Por eso es considerada una ley de libertad, de autonomía, de iniciativa ciudadana. Según Gides y Jaurès, las asociaciones francesas fueron las precursoras del Estado del Bienestar hasta la Liberación; después, se convirtieron en subcontratistas del Estado.

Un conjunto de reglas: el principio de dirección “una persona, una voz”; el principio de indivisibilidad de las reservas; la lucratividad limitada. Este conjunto de reglas permite situar a las unidades de la economía social como iniciativas comerciales no orientadas según los criterios del beneficio. 

Una persona, una voz, un voto: principio de gestión –la regulación del poder está vinculada a la adhesión de las personas, y no a la participación en capital (que es, en este caso, el principio de las S.A.). Se trata de un principio considerado democrático.

La unidad social dispone de un capital propio que los asociados no pueden apropiarse, pero que es colectivo e indivisible, proveniente de su autonomía “existencial” con relación a los fundadores y a sus sucesores.

Su objetivo es un proyecto social que no se confunda con los beneficios y las ganancias privadas de los asociados. La interpretación actual de no-lucratividad (concepto que excluiría a las cooperativas) demuestra que, si hay excedente, debe ser reinvertido en el proyecto social.

En varios países de Europa, la Economía solidaria está presente, y atañe dimensiones considerables en términos de personas ocupadas. En Brasil, entre el 1990 y el 1998 la tasa de crecimiento del número de cooperativas fue del 44%, y las tasas de crecimiento de miembros alcanzaron el 53% [N. Tadashi Oda: 95]; se estima en alrededor de 5 millones el número de miembros brasileños de cooperativas (más o menos el 5% de la población económicamente activa). También hay un PSES-Polo de Socioeconomía Solidaria constituido por el PACS –Programas Alternativos del Cono Sur–, por la FPH –Fundación Charles Léopold Mayer por el Progreso del Hombre–, y por la ADSP –Agencia de Desarrollo de Servicios de Proximidad–, que recoge, analiza, facilita y debate las experiencias mundiales en curso relacionadas con la Economía Solidaria.

Es importante destacar que la economía solidaria da prioridad a los valores de uso, en relación con los valores de trueque, basándose en la asociación libre de personas alrededor de un proyecto colectivo, poniendo el acento sobre los valores de cohesión y de solidaridad, y favoreciendo un acercamiento entre la economía y la ética. En definitiva, consideramos que las iniciativas actuales que se desarrollan alrededor de la economía solidaria pueden ser consideradas como una respuesta de adaptación de la sociedad al neoliberalismo y a las dificultadas de la vida material que afectan a la mayoría de poblaciones, a pesar de la diversidad creciente y de la multiplicidad de objetivos de un conjunto específico formado por ONG. Necesitamos estadísticas sobre este último sector y, particularmente, sobre las unidades que podríamos incluir en nuestra Economía Solidaria.

4 – Propuestas

De lo expuesto anteriormente, podemos destacar las siguientes medidas, consideradas prioritarias en el marco de una política fiscal orientada hacia el bienestar colectivo:

1- Promover la política de la Renta Mínima Universal

Esta es una reivindicación profundamente revolucionaria, ya que permite distinguir entre trabajo y empleo, empleo y supervivencia, renta y mercado. Asimismo, rompe con la necesidad de comercializar la fuerza de trabajo y con el mito según el cual es posible vender la capacidad productiva individual sin venderse a uno mismo. Hay que considerar la renta mínima como un derecho social, de los ciudadanos, garantizado a todos los individuos, desde su nacimiento hasta la muerte, independientemente de su inserción en el seno del proceso económico. 

2- Promover y reforzar el Presupuesto participativo y las monedas sociales

Un presupuesto siempre requiere recursos y una viabilidad financiera. Debido a esto, pensamos que es necesario unir ambos aspectos en una sola propuesta. 

Las monedas sociales son casi una antimoneda desde el punto de vista institucional, ya que no están provistas del valor exigido en los países periféricos y debido a que pueden simbolizar la sublevación de la sociedad contra la dictadura del capital financiero, contra la forma perversa en que actúa un banco central y los bancos comerciales que ejercen el poder al tratar a la moneda como una simple mercancía al servicio de la especulación y de la extorsión. Sostenemos que la utilización de monedas sociales podría ayudar a la formación de un fondo de recuperación de la deuda social, alimentado por los derechos hegemónicos transferidos por parte del Estado a la sociedad y por todo lo suplementario que proviniese del aumento de la producción nacional.  En lugar de cubrir los gastos habituales, este fondo deberá destinarse a la construcción de un patrimonio mínimo para todo ciudadano, para garantizar un hogar y para asegurarle a todos la propiedad de los bienes de capital necesarios para la producción en el seno de la sociedad.
 
El presupuesto participativo permite compartir la autoridad en relación con la distribución de los recursos públicos y socializar las decisiones relativas al presupuesto público, lo que tendría efectos positivos en los niveles de eficacia y de productividad de los gastos sociales. Aunque Brasil ha estado históricamente relacionado con los gobiernos municipales con cargos ostentados por representantes del Partido de los Trabajadores, el presupuesto participativo ya se reconoce como una innovación importante en muchos países e instituciones internacionales. Consideramos igualmente importante ampliar el debate democrático en este contexto hacia el campo tributario y respecto al análisis de la incidencia fiscal. 

3. Lucha contra los PAE: Programas de ajuste estructural y de Déficit Cero

Los modelos utilizados por el FMI y por el Banco Mundial para la elaboración de programas de ajuste fiscal en los países periféricos son deficientes y presentan propuestas totalmente contrarias a los objetivos de desarrollo y justicia social. Además, estimulan el endeudamiento excesivo de las naciones pobres, lo que debilita aún más la soberanía ya frágil de estos países. 

4. Auditoría de la deuda externa

En los países periféricos, la deuda externa es un instrumento de sumisión a los intereses de las naciones dominantes y de sus elites económicas y políticas. Consideramos que no se ha contraído para alcanzar objetivos de bienestar colectivo de la población que debe pagarla. Su elevado valor es el resultado de tipos de interés fijados por mercados oligopolizados, según la lógica de un usurero en lugar de por una voluntad de cooperación internacional. En general, los créditos internacionales no se destinan al desarrollo económico de las naciones que los reciben. A menudo, el aumento de la deuda externa tiene lugar de forma paralela a un proceso de evasión fiscal por parte de grandes empresas nacionales e internacionales que la utilizan frecuentemente como paraísos fiscales. Debido a todas estas razones, defendemos la necesidad urgente de una auditoría de esta deuda externa que sea capaz de distinguir entre la deuda legítima y la deuda ilegítima. 

5. Promover impuestos y gastos de acuerdo con la Economía Solidaria

Para que las reformas del Estado sean eficaces, es necesario que se combinen con una nueva ética y una nueva organización social de la producción, en la que se excluiría a largo plazo los valores de cambio, las mercancías y la lex mercatoria. Debido a esto, en la sociedad solidaria, la principal carga fiscal debería recaer sobre las rentas patrimoniales, gravadas de forma universal según criterios de justicia social, y sobre un impuesto sobre el comercio exterior. El impuesto sobre la renta es esencial para una ciudadanía plena, para una igualdad política. Es la contrapartida tributaria a un proceso de reparto de la autoridad, de la multiplicidad de polos de poder. La imposición del comercio exterior es un instrumento necesario para la consecución de determinados objetivos nacionales, como por ejemplo la soberanía alimentaria. En cuanto a los gastos públicos, la producción de bienes de interés social deberá obedecer a un proceso de decisión colectiva. 

6. Defensa de la Seguridad Social Pública basada en los regímenes de reparto

Consideramos que los fondos de pensión, al abrirse e individualizarse, esconden mecanismos perversos de concentración de la renta. Pueden ayudar aún más al enriquecimiento de las elites y a la especulación en los mercados financieros, inmobiliarios y de títulos de deuda pública. De momento, el mejor sistema de Seguridad Social es el reparto de los recursos públicos que tenga una amplitud generalizada y universal, y que disponga de unos niveles compatibles con las necesidades mínimas de supervivencia y de dignidad.

La implantación de las propuestas aquí presentadas requiere una estrategia defensiva doble, frente a los valores consumistas e individualistas, pero a la vez constructiva y que pueda apoyarse en los núcleos orientados a la reproducción de los medios materiales necesarios para los individuos y las sociedades. Pensamos concretamente en las cooperativas, asociaciones y sindicatos, lugares privilegiados para identificar a los actores sociales comprometidos con el proyecto de la nueva sociedad en la que todos tendrían una vida decente y digna. Es muy probable que podamos diseñar una utopía realista a partir de los principios consolidados y que se están gestando en el seno de los grupos que se dedican a la Economía Solidaria. 

Debe admitirse que es difícil, en momentos de transición paradigmática como éste en el que vivimos, hacer propuestas referentes a una nueva política fiscal para una nueva sociedad, solidaria y plural, sociedad que imaginamos, aún sin conocerla. Pero la imagen que nos hacemos de ella puede estar construida basándonos en la arqueología histórica y la antropología cultural. Yo diría que el valor central –la solidaridad– es una herencia que persiste aún en muchos de nuestros países.En Latinoamérica, por ejemplo, la tradición indígena está llena de valores y de prácticas comunitarias solidarias. Braudel nos enseñó que la producción de valores de uso era bastante corriente en Portugal, en la época de los descubrimientos (ver punto 2 de “nuevos paradigmas”). Incluso actualmente, muchos autores asumen que la supervivencia en comunidades pobres en Brasil implica necesariamente actitudes solidarias e intercambio de servicios sin mediación de la moneda y del mercado capitalista.

5 – Estrategias y actores 

Los actores en la construcción de la nueva sociedad son todos aquellos que escogen la vida, o, como dice Victor Hugo:

“Los que viven son los que luchan; 
aquellos a quienes llena el alma y la frente una firme aspiración, 
aquellos que suben a la áspera cima de un alto destino; 
los que marchan pensativos, aprisionados por un fin sublime, 
teniendo delante de los ojos, sin cesar, día y noche, 
o algún santo trabajo o algún gran amor.
(...)
¡Ellos viven, Señor! A los otros, los compadezco,
Puesto que con su vago tedio la nada les embriaga,
Puesto que la carga más pesada, es existir sin vivir.
(Châtiments (Castigos), 31 de diciembre de 1844)

Los versos de Victor Hugo muestran una verdadera revolución sin ejército ni armas y la hipótesis  de una estrategia defensiva, en primer plano. Por estrategia defensiva, queremos decir la capacidad de resistir, material y espiritualmente, a la crisis económica y social en curso, que tiende a profundizar y a aniquilar, literalmente, masas importantes de la población. Ello significa también sustraerse a los dictados de la filosofía individualista competitiva y del consumismo, tachado de verdadera enfermedad del capitalismo por Erich Fromm, desde los años 60.

En realidad, la ideología consumista es central en la teoría económica neoclásica actual, llegando al paroxismo de llamar “bienes” a las mercancías de intercambio mercantil, y a considerar que la satisfacción máxima del homo economicus proviene de allí donde equivale a un máximo de consumo de bienes... En la misma línea de razonamiento, esta teoría confunde el bienestar colectivo con la producción de mercancías, útiles o inútiles, es decir desprovistas de valor de uso, convirtiendo nuevamente en equivalentes al bienestar, la alimentación, el armamento, la educación y el turismo, la caverna y el palacio, etcétera [Ceci Juruá, “La vida y la economía”]. No es difícil negar el consumismo, porque ya está negado, en la práctica, a la mayoría de la población. Es necesario destruirlo ideológicamente oponiéndole, en contrapartida, valores más adaptados al desarrollo completo de las potencialidades humanas, por ejemplo, en la línea de Leonardo Boff.

Pero también es necesario formular una estrategia constructiva y de formación de núcleos consistentes, solidarios, capaces de garantizar la reproducción de los medios materiales necesarios para la vida y la reproducción de la sociedad. Pero es allí donde se encuentran en todos los países, en multiplicación creciente, las cooperativas, las asociaciones y un conjunto bastante diversificado de organismos públicos no estatales y no lucrativos (como los sindicatos, por ejemplo). Se trata de ejemplos de la economía solidaria que hoy en día están a disposición de todos, con la filosofía y los principios que ya hemos mencionado en el punto 2, sobre las visiones y el nuevo paradigma.

Los ámbitos de reflexión relacionados con la Economía solidaria están bastante diversificados: trabajo, producción, consumo, crédito y financiación, y tantos otros. La estrategia de su expansión no puede ser sectorial, sino que debe extenderse a un conjunto de actividades sistémicas, por ello es difícil de abordarla bajo la óptica exclusiva de la política fiscal. Asimismo, en referencia a los actores, individuales y colectivos, cuya nueva posición deberá reflejarse en todos los ámbitos de la actividad humana, será difícil fragmentarla.

Más que nunca, actualmente la humanidad tiene necesidad de fuentes de esperanza, de saber donde no debemos ir si queremos llegar, en el futuro, a algún sitio más agradable que garantice una “vida decente”, como nos propone Boaventura Santos, este verdadero apóstol de la transición pragmática. En definitiva, ratificamos la certitud de que la Economía Solidaria ofrece una utopía realista al conjunto de la humanidad.

BIBLIOGRAFIA
(títulos y fragmentos traducidos al francés del original)

AGLIETTA Michel.”Etat, monnaie et risque de système en Europe”. In: B. HERET (org), L’Etat, la finance et le social.  Ed. La Découverte, París, 1995.

HOBSBAWM Eric. “La faillite de la démocratie”, in Folha de São Paulo/Caderno Mais du 09-09-2001.

JURUA Ceci. “Le vide et l’économie: le désert et les mirages”. In: Formas de Vazio, ed. Via Letters (no prelo).

KURZ Robert. “Adieu à l’économie de marché. Perspectives d’une transformation différente et pas seulement en Allemagne”. In: Le retour de Potemkin: capitalisme de façade et conflit distributif en Allemagne. Ed. Paz e Terra, São Paulo, 1993.

PROBLEMES ECONOMIQUES Numéro 2677, entièrement consacré à l’Economie Solidaire et Sociale”. La Documentation Française, París, agosto de 2000.

PSES / Polo de Socioeconomía Solidaria – Proyectos de Síntesis de los talleres, presentados en la reunión de Findhorn / junio de 2001.

QUINTELA Sandra et ARRUDA Marcos. “Economie à partir du cœur”. In: L’Economie Solidaire au Brésil. L’auto-gestion comme réponse au chômage. Ed. Contexto, São Paulo, 2000.

S.SANTOS Boaventura- La critique de la vision indolente, vol. 1: contre le gaspillage de l’expérience. Cortez Editora (3a edición), São Paulo/2001.

TADASHI ODA Nilson. “Syndicalisme et coopérativisme: les métallurgistes de l’ABC et l’Unisol Cooperativas”. In L’Economie Solidaire au Brésil  [ibid]

THERET Bruno – Régimes Economiques de l’Ordre Politique. Presses Universitaires de France, París/1992.

Cuestionario

Le agradeceríamos mucho que nos enviara su opinión acerca de las propuestas incluidas en este cuaderno. Para facilitar esto, encontrará a continuación algunas preguntas a las que esperamos tomará el tiempo de responder. Sus evaluaciones y comentarios nos serán muy útiles para el seguimiento del trabajo colectivo. Esperamos que la lectura de este cuaderno será una fuente de inspiración para su realidad cotidiana y lo llevará a leer otros Cuadernos de Propuestas del Polo de Socio-Economía Solidaria y de la Alianza (véase http://www.alliance21.org/es/proposals.

Le invitamos igualmente a indicar cuáles son, en su opinión, las propuestas más decisivas y prioritarias para construir alternativas al modelo actual de globalización, así como a sugerir proyectos de implementación práctica para éstas.

El cuaderno de propuestas:

¿Qué opina del cuaderno en general ? 
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¿Del diagnóstico?
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¿De las propuestas?
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Las propuestas

¿Cuáles son las propuestas con las que está de acuerdo? ¿Porqué?
Números :………………………………………………………………………………..
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¿Cuáles son  las propuestas más útiles para su actuar cotidiano? ¿De qué manera (inspiración para la acción, para el lobbying, el intercambio de experiencias ...) ? 
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¿Cuáles son las propuestas con las que no está de acuerdo ? ¿Porqué?
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El futuro

¿Qué sugerencias tiene para el seguimiento de este taller?
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Este cuestionario debe ser enviado a Françoise Wautiez, <mailto:pses-sp@alliance21.org>