Borrador JADES
Por: Leida Rijnhout
3  de agosto de 2005

Reconocer la deuda ecológica:
un paso adelante por la justicia social y ambiental y 
el Desarrollo Sostenible

Introducción:
Trabajar por el Desarrollo Sostenible significa intentar obtener una visión global y coherente de lo que sucede en el mundo. Implica el estudio de la conexión entre la pobreza, la degradación del medioambiente e incluso los problemas de la riqueza y el aislamiento social. El Desarrollo Sostenible está basado en una armonía entre los análisis e intereses sociales, medioambientales y económicos. Cada vez son más los activistas y científicos, ONGs y universidades que desarrollan herramientas que nos ayudan a comprender la realidad. Estas herramientas van más allá de los análisis socioeconómicos tradicionales, en los que únicamente importan el crecimiento y el empleo. Mucha gente cree que los temas medioambientales son problemas de lujo y que se solucionarán si hay un suficiente crecimiento económico. 

Sin embargo, el crecimiento económico no se producirá si no hay recursos naturales (petróleo, tierra, agua, aire, biodiversidad). Además, los recursos naturales no son ilimitados, por lo que el crecimiento económico tampoco. 

Para obtener la justicia social y ambiental es necesario gestionar y redistribuir los recursos naturales de forma que se garantice la igualdad en las actividades económicas y en la riqueza. 

En Canadá, los científicos Wackernagel y Rees han desarrollado el concepto de la huella ecológica. Se trata de un instrumento que mide la superficie en hectáreas que utiliza una persona o un país para vivir. Ello incluye el espacio en el que se vive, en el que se producen alimentos o donde se transforma la energía. Ambos calcularon la parte justa que corresponde a cada habitante del planeta, que asciende a 1,7 hectáreas por persona. De esta forma el pastel estaría dividido de forma equitativa. Sin embargo, ¡los datos muestran una realidad bien distinta!

Los países industrializados utilizan una parte de la Tierra mucho mayor de la que les corresponde. Por ejemplo: Bélgica (media por persona) 6,7 hectáreas, EE.UU. 9,7 hectáreas, la media en Europa es de 5 hectáreas. Esto significa que utilizan entre 3 y 5 veces más de lo que les corresponde. Cuando uno se apropia de algo que pertenece a otros, se genera una deuda. Es lo que llamamos la deuda ecológica. 

La acumulación de deuda ecológica no es algo reciente. No hace falta recordar la forma en la que los países del norte explotaron y abusaron de sus colonias. Todos sabemos cómo los colonos españoles expoliaron el conteniente sudamericano; el oro y la plata que robaron, los indígenas a los que asesinaron y las enfermedades que dejaron. Cómo los belgas dominaron y se apropiaron de la gente y de la riqueza de los países centroafricanos, el comercio de esclavos emprendido por los holandeses, etc. 
Los ciudadanos de los países del norte deben darse cuenta de que la forma en la que viven hoy se basa en la riqueza que sus antepasados robaron durante la época colonial y que la pobreza en la que viven la mayoría de los países del sur también se debe a ese expolio. Hay más causas, evidentemente, pero la explotación ecológica y social a lo largo de la historia tiene mucha importancia.

A pesar de todo, la acumulación de deuda ecológica no termina con el fin de las colonias. Lo que nos demuestra la huella ecológica es que el norte sigue dependiendo en gran medida de los países del sur para mantener su estilo de vida. Si no pueden utilizar la tierra para que pasten sus cerdos y vacas, no pueden continuar comiendo como hasta ahora. Lo mismo ocurre con muchas de sus frutas y verduras. Sin embargo, no se trata tan solo de la distribución desigual de la tierra cultivable del mundo, sino de las consecuencias que el monocultivo (agricultura de exportación) suele tener en cuanto a daños ecológicos.  

Lo mismo ocurre con su suministro de energía; el gas, el petróleo o incluso el uranio para la energía nuclear que obtienen del sur. El problema no es que estos países dependan del sur. Si pagan precios justos y dejan decidir a los países del sur sobre lo que quieren vender en función de sus propias necesidades, el intercambio puede ser positivo. No hay nada malo en la dependencia mutua. Lo que ocurre es que los países del sur no fijan el precio y no controlan las condiciones medioambientales y sociales de la explotación. Es aún peor: el hemisferio norte es el que sigue dominando la economía mundial (y las condiciones de los aranceles).  
Esto significa que la época colonial aún no ha terminado y que esta página negra de la historia todavía no se ha pasado.

Pero la responsabilidad de los países del norte en la acumulación de deuda ecológica no acaba aquí. Además del consumo excesivo de recursos naturales (comprados a precios muy bajos para cubrir los costes de producción), la emisión de dióxido de carbono por parte de los países del norte se realiza a costa de los países del sur. Es la llamada deuda del carbono. 
El cambio climático es nefasto para todo el planeta, pero castiga especialmente a los países pobres, que apenas pueden paliar sus consecuencias. Pongamos como ejemplo Bangladesh, un país seriamente amenazado por el aumento del nivel del mar. Si las predicciones del IPCC se cumplen, este país sufrirá inundaciones en la mayor parte de su territorio. Esto supone una gran pérdida de terrenos productivos pero sobre todo, hará que millones de personas y de familias tengan que huir, perdiendo sus casas y sus vidas.
Y ¿qué ocurre con las pérdidas de producción de la agricultura causadas por el cambio climático, las enfermedades y las inseguridades de los pequeños ganaderos? ¿Quién va a pagar por ello? No son los países del norte, no, sino los pueblos del sur, mientras que el daño lo causa el mundo industrializado. 

Y por supuesto, el vertido de residuos nucleares y de todas las demás cosas de las que nos queremos deshacer (exportación de medicamentos o pesticidas prohibidos en Europa, etc.) A pesar de todo, los países pobres no tienen el poder de negociación para decir “NO”. 

El concepto de la deuda ecológica no es un objetivo en sí mismo. Es un instrumento que nos permite medir (más o menos) en términos monetarios o en otros términos (emisiones de dióxido de carbono, hectáreas, etc.), qué y dónde tenemos que cambiar los patrones globales de consumo y producción. Es una herramienta para hacer campaña en el norte y en el sur, pero también para la política. Si se tienen argumentos poderosos es más fácil convencer a los políticos y a quienes ostentan el poder.

En esencia, la deuda ecológica es una nueva forma de mirar hacia las relaciones presentes y pasadas entre los países. Existe:

•	Una perspectiva política diferente: los países pueden tener una relación acreedor-deudor basada en relaciones físico-ecológicas. Aplicando el concepto de la deuda ecológica, la situación de los países industrializados y en desarrollo se invierte: el norte es el deudor y el sur el acreedor. Los movimientos del sur suelen denominarlo como la “toma de poder” del sur y de sus pueblos en sus relaciones internacionales. 

•	Una perspectiva económica diferente, especialmente en el comercio: la deuda ecológica muestra que el comercio en general no ha sido beneficioso para ambas partes, ni en términos monetarios ni en términos ecológicos. Esto nos lleva a la necesidad de realizar diferentes análisis y perspectivas sobre el comercio, que no se encuentran en las teóricas neoclásicas sobre comercio ni en las políticas actuales. 

•	Una perspectiva ética diferente: la deuda ecológica apunta a la responsabilidad colectiva de los países industrializados por antiguas violaciones del derecho a un entorno limpio y seguro en otros países, especialmente en el sur. 

•	Una perspectiva ecológica diferente: la deuda ecológica no hace sino revelar la imposibilidad de continuar con nuestro estilo de vida y la imposibilidad de reproducir este estilo de vida en el sur. 

•	Una perspectiva legal diferente: el daño ecológico y la apropiación (desigual) de los bienes de la tierra debe ser reconocida y debe ser posible hacer que los culpables paguen. Los culpables pueden ser los países o las organizaciones multinacionales.

Reconocer la deuda ecológica
La deuda ecológica del norte para con el sur debería empezar a ser determinante en las discusiones internacionales y en las negociaciones permanentes, como las negociaciones sobre el desarrollo sostenible, el comercio, el cambio climático, la biodiversidad, la deuda externa, etc. Para estudiar la deuda ecológica y buscar un modo eficaz de detener su acumulación anual y por tanto, las violaciones de los derechos humanos, el taller JADES propone la introducción del concepto en diferentes niveles políticos. 

Un reconocimiento de la deuda ecológica por parte de los países del norte crearía un contexto totalmente nuevo para el diálogo entre países. El acto político de reconocimiento internacional de la deuda ecológica podría engendrar un nuevo sistema en el que el norte y sur negociaran una huella más equitativa: las relaciones de poder cambiarían y la posición de negociación de los países del sur se fortalecería. 

Esto implica que el desequilibrio entre los intereses comerciales y económicos por un lado, y los intereses sociales y ecológicos por el otro, tendría que reducirse. El dominio del FMI, el Banco Mundial y la OMC debe romperse y en su lugar, debería diseñarse una arquitectura internacional al amparo de las Naciones Unidas que ofrezca una verdadera posibilidad de un “Gobierno global para el Desarrollo Sostenible”. 

Una teoría basada en los derechos para llevar a la práctica el Desarrollo Sostenible
Como mencionamos, la deuda ecológica concierne a los países del norte que causan la destrucción medioambiental en el sur y que ocupan una cantidad desproporcionada del espacio medioambiental de la Tierra. Sin embargo, la deuda ecológica es algo más que una cuestión de alcanzar los límites biofísicos. La deuda ecológica tiene enormes consecuencias sobre los derechos humanos, ya que todos los pueblos del sur ven mermados sus derechos por culpa de la acumulación de deuda ecológica. El derecho a vivir en un entorno limpio y sano no debe ser denegado por razón de raza, clase, etnia o posición en el sistema económico global. 

La teoría del espacio medioambiental implica centrarse en los impactos de los recursos, su énfasis sobre el consumo y no sobre la población y la tecnología y su incorporación integral del principio de equidad. También relaciona los conceptos de “suficiencia” y gestión de la demanda. Los análisis que se centran sobre todo en la “salida” (desechos y contaminación) tienden a llegar a conclusiones basadas en medidas terminales y de eficiencia para reducir estas “salidas”. La orientación de “entrada” de la teoría del espacio medioambiental tiende a priorizar el final de las medidas terminales. También hace hincapié sobre las medidas de suficiencia, que buscan formas de mejorar directamente la calidad de vida consumiendo menos. El espacio medioambiental es una teoría basada en los derechos humanos que conceptualiza el desarrollo sostenible en términos de acceso para todos a una cuota justa de los recursos medioambientales limitados de los que depende la calidad de vida (Duncan).

La degradación y la explotación medioambiental de los recursos del planeta por parte de los países industrializados es una violación de los derechos humanos, puesto que destruye las posibilidades de vida y de calidad de vida de los pueblos del sur. En consecuencia, la deuda ecológica es un ejemplo de la injusticia ambiental del planeta. 

Una teoría basada en los derechos propugna el derecho de igualdad de todas las personas a los recursos naturales. El desarrollo sostenible implica crear economías que tengan en cuenta la capacidad de supervivencia de la Tierra y que se fundamenten en la distribución justa del planeta para todas las personas y las especies vivas que lo habitan.

Conceptos como la deuda ecológica, la justicia ambiental y los derechos humanos se citan como posibles lenguajes capaces de promover e implementar el desarrollo sostenible. 

Un poco de historia
El concepto de justicia ambiental se originó en Estados Unidos en los años 80. La definición tradicional de la justicia ambiental es que “varios pueblos minoritarios se ven obligados, debido a su falta de acceso a los procesos de toma de decisiones y de creación de políticas, a vivir con una cuota desproporcionada de los “males” medioambientales y de sus nefastas consecuencias para la salud y la calidad de vida”. Por poblaciones minoritarias se entiende normalmente a las personas de color. La justicia ambiental es por tanto, el movimiento organizado contra lo que se conoce como “racismo ambiental” o la asignación desproporcionada de problemas medioambientales a las poblaciones latina, afro-americana y nativo-americana. Este movimiento ha tenido una gran influencia a la hora de reconducir el debate medioambiental en Estados Unidos, que ya no se centra solamente en el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y en el culto por lo natural y la conservación del medioambiente. En 1991, el movimiento adoptó una lista de “Principios de Justicia Ambiental”. El movimiento de justicia ambiental tiene sus raíces en el movimiento de los derechos civiles, que le ha proporcionado un marco y un lenguaje que hace hincapié sobre valores como los derechos individuales, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la dignidad humana y la autodeterminación, que permiten articular demandas y reclamaciones.

El movimiento tiene varias características importantes. En primer lugar, analiza los problemas y conflictos medioambientales en términos de poder. “¿Quién obtiene qué, cuánto, cuándo y por qué?” son algunas de las preguntas básicas de la justicia ambiental. La concentración de poder (económica, estructural y culturalmente) motiva las decisiones de empresas y gobiernos. En segundo lugar, los derechos constituyen un tema central: el derecho a un entorno limpio y seguro se define explícitamente como un derecho del hombre, es más, es un derecho que puede garantizarse a través del reconocimiento de derechos civiles como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho de acceso a la información. En tercer lugar, el movimiento de justicia ambiental es un movimiento de bases, con una estructura informal, organizado de abajo a arriba y que da un gran protagonismo a las mujeres y a las redes sociales. En cuarto lugar, el movimiento de justicia ambiental tiene raíces locales y trata los problemas medioambientales de “personas reales en lugares reales”. 

¿Qué significa esto para el mundo?
Una cuestión importante es saber si las lecciones aprendidas de EE.UU. y las estrategias llevadas a cabo pueden ser instructivas para otros casos de (in)justicia ambiental. Según Martinez-Alier, el mayor logro del movimiento es que haciendo hincapié sobre el racismo, la justicia medioambiental hace hincapié sobre la inconmensurabilidad de los valores, es decir, la contaminación no sólo puede compensarse con dinero, sino que también es un asunto que atañe a la dignidad humana. Al mismo tiempo, señala que “el movimiento de justicia ambiental tiene un enorme potencial, siempre que aprenda a hablar no sólo por las minorías de Estados Unidos, sino por las mayorías fuera de este país (que de forma local no siempre se definen por razas), y siempre y cuando se involucre en aspectos como la biopiratería y la bioseguridad o el cambio climático, más allá de los casos locales de contaminación. La herencia de los derechos civiles que atesora el movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos también es útil en el resto del mundo, debido a su contribución a las formas de lucha “no violenta” propugnadas por Gandhi”. Martinez-Alier utiliza el término más amplio de “ecologismo popular” para referirse a una creciente corriente en el ecologismo que crece a partir de los conflictos de distribución ecológica y que incluye, entre otros, a grupos de campesinos o indígenas que defienden sus medios de vida. Martinez-Alier cree que esta corriente irá en aumento, ya que los países industrializados cada vez dependen más del sur para la obtención de materia prima y por tanto, adelantan las fronteras de la explotación de petróleo, gas, aluminio, cobre, aceite de palma y eucalipto, gambas, oro y semillas de soja transgénicas a nuevos territorios. 

Ageyman llama la atención sobre el hecho de que los diferentes contextos y visiones del mundo generarán diferentes interpretaciones y teorías acerca de la justicia ambiental. El hilo conductor es que los pueblos de todo el mundo ven limitados sus derechos fundamentales debido a la devastación medioambiental. Con este punto de vista, el derecho a un entorno limpio y seguro es un derecho fundamental del hombre que no puede denegarse por motivos de raza, clase, etnia o posición en el sistema económico global. La degradación medioambiental  y la explotación de los recursos del planeta por parte de los países industrializados es por tanto ilegítima y constituye una vulneración de los derechos humanos, ya que socava las posibilidades de vida y de calidad de vida de otros pueblos. 

A colación de un artículo de Duncan McLaren (“Environmental Space, Equity and the Ecological Debt”), Ageyman aduce que los conceptos de sostenibilidad y justicia están relacionados a través de los conceptos de espacio medioambiental y deuda medioambiental. Para el desarrollo sostenible y el espacio medioambiental, la prioridad está en la igualdad intergeneracional. Para la justicia ambiental y la deuda ecológica, la prioridad está en la igualdad intrageneracional. El espacio medioambiental y la deuda ecológica “proporcionan un marco analítico a través del cual se puede estudiar la reacción esencial del proyecto de justicia ambiental y la proacción del proyecto de desarrollo sostenible”. 

Injusticias sociales y compensación
Dentro del contexto de la deuda y la cuestión de cómo debería gestionarse, puede ser útil echar un vistazo a varios casos reales de injusticias históricas que han sido objeto de la llamada restitución o compensación. Joan Martinez-Alier comenta el argumento contrario, que afirma que las deudas son obligaciones reconocidas que surgen a partir de un contrato y que por tanto, una deuda no reconocida, como es la deuda ecológica, no existe. Argumenta que “hay casos en los que se han acumulado deudas sin que haya un contrato” y se refiere a la obligación de Alemania a pagar indemnizaciones después de la guerra y a que los alemanes abonaron una especie de compensación por la vulneración de los derechos humanos (en este caso, con el consentimiento de la gran mayoría de los ciudadanos). 
También John Dillon toca este tema, aunque de forma negativa, cuando se refiere a la Conferencia de la ONU sobre el Racismo celebrada en Durban y en la que “los gobiernos del norte se opusieron frontalmente a que en la declaración oficial constará ninguna frase que expresara el pago de compensaciones por su parte”. En el sentido más amplio de la palabra, compensación debe entenderse como un mosaico de diferentes niveles de reconocimiento de la culpa (histórica). 
Teniendo en cuenta el concepto de la deuda ecológica, podemos llegar a la conclusión de que la compensación en un sentido estricto está fuera de todo debate, ya que la mayoría de los recursos que se obtienen del sur (en términos de comercio desigual) son para consumo en el norte. Tampoco el norte puede devolver al sur el espacio medioambiental que ha utilizado de forma ilegítima, aunque puede liberar espacio medioambiental en el futuro. Las cuestiones de la compensación y la disculpa son sin duda polémicas.

Analizando algunos de los casos de compensación más recientes, Barkan concluye que las disculpas sólo son el primer paso. Como mínimo, las disculpas y el reconocimiento de las injusticias históricas y actuales llevan a una nueva visión de la historia y crea nuevos derechos en un mundo desigual. Además, proporciona un espacio para la negociación de acuerdos. Por ello, todas las campañas de la deuda ecológica piden que, al menos, ésta sea reconocida.

¿Medioambiente en venta?
Otro punto que ha surgido en el debate de la compensación se centra en la cuestión fundamental de la inconmensurabilidad de los valores. Barkan subraya el hecho de que la compensación pondría de relieve una economía moral que “calcula” y “cuantifica” el mal y que pone precio a la resolución de las injusticias. Semejante teoría de la justicia padecería sin lugar a dudas de todos los defectos del utilitarismo que se han venido viendo a lo largo de los dos últimos siglos. 

Del mismo modo, se ha criticado la reclamación de cobrar realmente la deuda ecológica. ¿Se puede poner precio a la naturaleza? Puede argumentarse, como hace Barkan, que la demanda de una compensación justa que se puede negociar no significa que se le ponga precio.

No obstante, uno de los objetivos más importantes es la recuperación del daño medioambiental causado en el sur por los países del norte y/o por las multinacionales. 

Deuda ecológica y deuda económica
Muchos países en desarrollo se enfrentan a una ingente deuda externa. Estas deudas se consideran ilegítimas y ponen a estos países innecesariamente contra las cuerdas. Se ven obligados a estimular una economía orientada a la exportación, donde los aspectos sociales y medioambientales se ven mermados. Los gobiernos se ven obligados a acoger a grandes multinacionales que explotan sus recursos naturales a cambio de precios muy bajos, que luego se destinan a los países industrializados. Muchas de las actividades que más dañan el medio ambiente y que más trabajo requieren se subcontratan en países en desarrollo. La obligación de pagar deudas externas es el mayor acumulador de deuda ecológica.

El objetivo no es compensar la deuda externa con la deuda ecológica. No se pueden liquidar las deudas ecológicas a golpe de transferencias de dinero y aún menos si hablamos de deudas externas dudosas. El objetivo principal es parar el mecanismo que hace que se incremente la deuda externa. Y reconocer las deudas ecológicas. 

Por tanto, tal vez no sea posible devolver la deuda ecológica de forma rápida, y la acción más inmediata sea la cancelación de las deudas económicas, lo cual podría estar relacionado con una devolución de la deuda ecológica más gradual. 

Otra economía que ofrezca más comercio sostenible y menos deuda ecológica
¡Otro mundo es posible! Para ello necesitamos que se produzca un cambio revolucionario en el pensamiento económico tradicional, que no tiene en cuenta que los recursos naturales son limitados. En la mayoría de los análisis económicos neoclásicos, el libre mercado organiza la aportación y el precio del trabajo y el capital. El espacio medioambiental y los recursos naturales se consideraban libres e ilimitados. Los costes ecológicos deben formar parte del precio, por ejemplo. Pero esto no basta, ya que los problemas medioambientales y la degradación no se resolverán poniéndoles precio. También se necesita una buena gestión. Los gobiernos tienen que actuar como marcos legales. 

En la economía ecológica, la economía forma parte del ecosistema. La economía también forma parte de la estructura de los derechos de propiedad sobre recursos y servicios medioambientales, de la distribución social del poder y la riqueza y de las estructuras sociales de género, clase social o casta, uniendo la economía ecológica a la economía y la ecología política.

Al pasar de la distribución económica a la distribución ecológica, no se tomarían decisiones de producción a menos que hubiera un acuerdo sobre cómo obtener los recursos naturales y qué hacer con los residuos (incluyendo las emisiones de CO2 de los transportes). Por ejemplo: ¿es sostenible consumir frutas y verduras de otros continentes cuando se pueden producir en el propio país? Es más: debido a que hay países con rentas muy bajas, muchos productos viajan alrededor del mundo para su procesamiento. Su coste ecológico es enorme. Si las externalidades se internalizaran en los precios, esto se evitaría debido al beneficio económico negativo. Los costes serían diferentes para las empresas involucradas; las decisiones de producción también serían diferentes. 
El consumo y la producción estarían más orientados al Comercio y al Desarrollo Sostenible. 

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El taller JADES

El taller JADES está formado por activistas y académicos de Asia, Lationamérica, África y Europa, con diferentes trayectorias y dedicaciones profesionales, y que llevan más de diez años trabajando juntos. 

JADES reconoce otras iniciativas y grupos que trabajan por la justicia ambiental y la deuda ecológica, a los que apoyará y a los que se unirá. Los asuntos relacionados con la justicia ambiental y la deuda ecológica son transversales a los del comercio, la agricultura, la ecología industrial, el cambio climático, la deuda externa, la pobreza y los medios de vida, el sexo y la economía. 

El taller JADES forma parte del Grupo de Trabajo de la Socio-economía Solidaria (WSSE) de Alliance21. Más información en www.socioeco.org

Definición de la deuda ecológica
“La deuda ecológica de una entidad/actor A consiste en (1), el daño ecológico causado a lo largo del tiempo por la entidad A a otros países o áreas bajo la jurisdicción de otros países mediante sus patrones de producción y consumo y/o (2), el daño ecológico causado a lo largo del tiempo por la entidad/actor A a los ecosistemas que se encuentran fuera de su jurisdicción nacional mediante sus patrones de consumo y producción y/o (3) la explotación o uso de ecosistemas y de bienes o servicios de ecosistemas a lo largo del tiempo por parte de una entidad/actor A a costa de privar de los derechos a estos ecosistemas y bienes o servicios de ecosistemas a otros países o individuos.”

Definición de Justicia ambiental
El principio de Justicia ambiental afirma que todos los pueblos tienen derecho a un entorno saludable y que deben compartir los recursos naturales del planeta de forma justa y sostenible. Los riesgos medioambientales inevitables y la degradación no deben distribuirse de forma desigual entre sectores de una sociedad determinada y a través de las diferentes sociedades y regiones que conforman la familia humana. 

La Justicia ambiental puede verse como objeto de distribución y también como un derecho del hombre. La Justicia ambiental se refiere a veces a la distribución de las cargas medioambientales. Así, el movimiento de justicia ambiental de Estados Unidos se queja por la distribución desproporcionada de la contaminación en zonas en las que viven las minorías pobres o étnicas. La justicia ambiental también se refiere al hecho de que nadie debe ser privado de los recursos naturales y que un medioambiente limpio es necesario para la vida del hombre. Es una justicia existencial, una cuestión de dignidad y un derecho del hombre. 

El proyecto JADES

OBJETIVO PRINCIPAL

Lograr el reconocimiento de la Deuda Ecológica (DE), su compensación y que se evite la acumulación de más deuda mediante la investigación, el debate, la defensa y la comunicación como contribución a la justicia ambiental y el Desarrollo Sostenible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer el concepto de deuda ecológica (DE) en el sistema legal internacional, el judicial y en otras instituciones políticas, así como el sistema global de gobierno. 

Promover el reconocimiento de la DE dentro de los movimientos sociales o de otras organizaciones civiles y apoyar las actividades de todos los grupos sociales del mundo que ya estén trabajando por el reconocimiento, la compensación y la prevención de la DE.

Fortalecer mutuamente la transversalidad entre los talleres de Alliance 21, así como de otros grupos que trabajen en asuntos relacionados con la DE, a través del intercambio de conocimientos y de información. 

Desarrollar estrategias de comunicación y difusión para difundir la importancia del concepto de la DE para sostenibilidad ambiental y la justicia social.